El pasado mes de abril comenzó un debate público en torno al proyecto de la empresa distribuidora de gas Metrogas S.A. en la comuna de Peñalolén. El comentado proyecto consistía en la instalación de una planta de respaldo para abastecer a la zona oriente de Santiago, considerando el conflicto por el abastecimiento de gas argentino. Entre los diversos argumentos esgrimidos se dijo que era necesaria su construcción para evitar cortes de gas el año 2008, que la crisis energética exigía una pronta solución y que el terreno en la comuna de Santiago Oriente era la mejor solución. A pesar de ello, la Municipalidad y los vecinos se oponen a la construcción de la red de respaldo, por lo que la lucha entre la empresa y la municipalidad junto a vecinos y organizaciones ambientales seguirá por mucho tiempo más.
Luego de una ardua búsqueda en medios, la primera aparición del proyecto “Sistema de Respaldo de Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”, más conocida como la planta de gas, fue el 28 de enero del año en curso, cuando los vecinos, políticos y organizaciones sociales de La Reina se unieron para rechazar la instalación del proyecto de Metrogas en los terrenos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear ubicados en las cercanías del Parque Padre Hurtado. Esta disputa entre La Reina y la empresa se extendió por poco tiempo, ya que el 8 de febrero la firma ya había desechado la construcción de la planta en esa comuna, por que las protestas de vecinos y autoridades tuvieron efecto.
Tras esta situación quedaba buscar un terreno para la planta en Santiago oriente, ya que el 70% de la demanda que Metrogas recibe proviene de las comunas de La Reina, Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea.
Luego de descartar el terreno de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la empresa decidió no discutir siquiera con la comuna de Las Condes, descartando así cuatro de los siete terrenos estudiados. Esto, considerando los estudios en dos terrenos de Lo Barnechea, tres en Las Condes, uno en La Reina y otro en Peñalolén.
Aunque la empresa descartaba tener una decisión tomada, el 13 de febrero ya se comentaba en la prensa la localización de la planta en la comuna de Peñalolén, done actualmente se ubican las faenas de construcción de la misma. Diez días después comenzaba el debate a través de los medios entre el alcalde Caludio Orrego (DC) y Metrogas S.A.
Las Palmas 385
El sistema de respaldo que Metrogas construye en la comuna de Peña
lolén se ubica en calle Las Palmas 385, a un costado del Club de Campo del Ejército de Chile, con una extensión de 1,75 hectáreas. En los terrenos colindantes se ubica el Proyecto Educativo Cantalao, el Sendero de Chile y el Proyecto Protege, y dentro del radio de emergencia ante explosión se pueden incluir el Campo Militar del Ejército, la Universidad Sek, El Parque Mahuida y algunos colegios.
De todos los sitios mencionados, al Proyecto Cantalao busca recuperar unos polvorines del Ejército, transformándolos en un centro de educación ambiental; el Sendero de Chile, tramo La Reina-Peñalolén, busca ser un camino demarcado y protegido para recorrer la precordillera de la región, que unida a 35 tramos más permite conocer prácticamente toda la precordillera nacional; y el Proyecto Protege, que es una asociación de municipalidades de la zona oriente, busca valorar, conservar y recuperar la precordillera y cordillera andina central.
Además de los mencionados, también cabe contar a las agrupaciones vecinales organizadas en la Junta de Vecinos Club de Campo Norte, la Asociación de Propietarios Club de Campo Sur y el Condominio Peñalolén 2, todas de la Unidad Vecinal N°29 de la Comuna de Peñalolén. Estos equipos vecinales representan a más de 500 familias que se ubican cercanas a la planta y en el camino que recorrerán los camiones cargados de gas hacia el sistema de respaldo.
Así, reunidos en torno a la causa de impedir la planta de gas, crearon el sitio web No a la Planta de Gas en Peñalolén (www.noalaplantadegas.org) donde reunieron los antecedentes del proyecto, publican sus declaraciones públicas, mantienen un archivo de noticias respecto al tema y publican fotografías y videos captados por ellos mismos, donde denuncian las ilegalidades que ven al proyecto.
La Planta de Gas
El proyecto que lidera Metrogas y que incluye, entre otras empresas, a Agua Santa S.A. Constructora, contempla variadas instalaciones y actividades.
Primeramente, la empresa solicitó una Autorización Provisoria, en la que contemplaba instalar las faenas, mejorar los caminos internos, instalar la infraestructura básica (agua, electricidad y alcantarillado), nivelar los terrenos y realizar obras civiles, hacer pavimentación y fundaciones para equipos principales, instalar una subestación eléctrica, proceder al montaje mecánico de estanques de propano y compresores y algunas obras complementarias. Posterior a esto y aprobado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Metrogas podría terminar la instalación de estanques, realizar obras de terminación, comenzar a trasladar gas a la planta y hacer las primeras pruebas de la misma.
Para comprender mejor el proyecto, es necesario visualizar qué contem
pla específicamente una planta de respaldo. En el caso de la planta que intenta instalarse en Peñalolén, el proyecto incluye 8 estanques enterrados a 60 centímetros de 50 toneladas cada uno, aire comprimido en estanques acumuladores, 4 mega watts de energía eléctrica proporcionada por Chilectra S.A., cuatro grupos electrógenos de emergencia de 1.150 Kilo Voltamperes, 2 estanques subterráneos de petróleo diesel de 20 centímetros cúbicos cada uno, equipo contra incendio y una sala de control, desde donde se monitorearían los parámetros de operación de la planta.
Con todos los implementos anteriores, la planta estaría en condicione
s de almacenar 51.400 metros cúbicos por hora de la mezcla entre gas propano y aire, que simula gas natural.
Junto a todo lo que la planta conlleva, también se debe mencionar que dicho gas propano llegará a la planta a través de camiones de 16 metros de largo y 22 toneladas de capacidad, los que circularían por la calle Las Palmas hasta en 38 viajes diarios. Dicha avenida cuenta con una pendiente de 30 grados y tiene una extensión de 1.045 metros.
Consideraciones
La instalación de una planta de gas cercana a nuestras casas sería suficiente motivo para querer luchar contra ella, sobre todo si hasta 38 camiones pasarían por la única calle de acceso al hogar y, por tanto, condicionarían la calidad de vida y posibilidad de desplazamiento y escape de quienes vivan ahí. Pero además de estos argumentos lógicamente esgrimibles, existen algunos parámetros legales y asuntos medio ambientales y geológicos a considerar.
En primera instancia, según el Plano Regulador Metropolitano de Santiago en su artículo 8.3.1.1 caracteriza los terrenos de preservación ecológica, es decir, que sólo pueden ser utilizados con fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, “con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación”. En el caso de la comuna de Peñalolén, dicho límite se ubica pasada la cota 900, es decir, los 900 metro de altura sobre el nivel del mar.
Considerando lo anterior, la planta no tendría sentido en el lugar en que se intenta ubicar, ya que sólo un cambio del Plano Regulador permitiría que Metrogas construyese ahí.
En palabras del abogado José Ignacio Pinochet, representante de los vecinos agrupados en No a la planta de gas, “eso es ilegal de principio a fin y es horroroso pensar que una empresa pueda invertir millones de dólares en hacer algo sabiendo desde un comienzo que es ilegal”. Esto, porque “hay aquí un abuso del poder del gobierno en beneficio de una empresa privada y en prejuicio de miles de personas, ya que se está considerando un errado concepto del bien común, pues en nuestra constitución queda claro que la función del Estado es promover el bien común, que se entiende como el bien de todos y cada uno, ese es el concepto, por lo tanto tú no puedes sacrificar a unos pocos por muchos ni a muchos por unos pocos, es igual de ilógico, es igual de injusto”.
Para el alcalde Orrego, que Metrogas lograse construir sería un mal precedente, ya que sería nefasto “Si tú admites una planta de gas, y todos entendemos porqué se está admitiendo, por los problemas de gas con Argentina, los costes políticos; a mi parece sería realmente terrible que, bajo cualquier pretexto, el día de mañana se instale una industria de química y otra industria al lado”.
Otro detalle a considerar ante la inminente instalación de la planta de gas en Peñalolén es la existencia de permisos ambientales aprobados y un terreno para construir en Puente Alto desde el año 1996. Según versiones oficiales de la empresa, ya que no fue posible contactar a ningún integrante de ella, los costos de producción desde Puente Alto serían más altos, además de que implicarían un proceso de instalación más engorroso por el cambio de sistema en el bombeo del gas a la red residencial. Frente a esto, José Ignacio Pinochet piensa que “la CONAMA está jugando el juego del poder, si esto está orquestado desde la comisión de energía, desde Tokman, eso es así. Está orquestado desde La Moneda para que puedan seguir construyendo. La municipalidad no se atreve porque el Serviu le ordena dejar que sigan las obras, pero en realidad lo único claro hoy día es un dictamen de la contraloría que dice que por todos lados es ilegal y de facto siguen construyendo la planta.”
En palabras del edil de Peñalolén, la elección del terreno tiene un motivo político “porque los sectores altos de este país tienen un nivel de presión mucho mayor del que tienen comunas populares. Además, más de alguno pensó que al ser el único alcalde de Concertación en toda la zona precordillerana oriente, iban a poder instalarla aquí y yo me iba a quedar callado”. Ante la evidencia de los hechos, quien pensó así claramente se equivocó.
Finalmente, otra de las razones esgrimidas para evitar que la planta se construya en la zona es la existencia de la Falla San Ramón a tan sólo algunos cientos de metros de la planta. Esta falla geológica está constituida por el emplazamiento de roca sobre depósito no consolidado, que ha tenido actividad reciente, pero que no es posible asegurar aún si ha influido en movimientos telúricos recientes.
El geólogo, oceanógrafo y paleoceanógrago, Gabriel Vargas, plantea que el asunto pasa por el diseño antisísmico adecuado, ya que “podrías construir tu casa sobre la Falla, pero si la diseñas con medidas antisísmicas pertinentes para el tipo de movimiento que un movimiento de la falla podría generar, seguramente sufrirá algunos daños, pero no se caerá”.
El problema está en que las normativas antisísmicas en Chile contemplan como referencia el terremoto de 1985, donde el movimiento se calculó en el 25 % de g (fuerza de gravedad) mientras que un posible movimiento de la Falla San Ramón implicaría incluso un 70% de g, es decir, casi tres veces la intensidad del terremoto de 1985. Cabe destacar que esto no tiene que ver con la intensidad en la escala de Richter o Mercalli, sino que con la aceleración del suelo.
Con todos esos argumentos, las partes en disputa se dispusieron a enfrentarse en los tribunales y a través de los espacios que otorga la normativa medio ambiental vigente.
Acciones
El 17 de abril de 2007, la empresa Metrogas S.A., representada por Jorge Beytía Moure, presentó la Solicitud de Aprobación Provisoria (SAP) junto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Sistema de Respaldo de Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”.
En dicha solicitud se pedía autorización para las tareas preparativas de instalación de la planta, ya antes mencionadas, y se entregaba la póliza de seguro por daño ambiental, la que asciende a 10.032 UF, equivalentes a 195.021.378 pesos. En el caso del EIA, allí se “describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos”, según el glosario de la Guía de Criterios para Evaluar la Alteración Significativa de los Ecosistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en Proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental publicado el año 2006 por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.
Con todos estos antecedentes, el 28 de mayo de 2007 la Comisión Regional del Medio Ambiente se pronunció a través de la resolución 368 aprobando la autorización provisoria, con lo que Metrogas podría comenzar con la instalación de faenas, de infraestructura, la nivelación de terrenos y obras civiles, pavimentos y fundaciones para los equipos principales, subestación eléctrica, montaje mecánico de estanques de propano, el cierre perimetral y una canaleta de intercepción de aguas lluvias sin intervenir ninguna de las quebradas del sector.
En palabras más sencillas esto significaba comenzar con el 50 por ciento de las actividades de la planta, además de verse instada a completar el EIA por faltar profundización de las materias tratadas. De no aprobarse dicho informe tras 5 días hábiles de ser entregado, la empresa debería entregar el cronograma de desmantelamiento y retiro de las obras, teniendo que restaurar el terreno.
Frente a esto, los vecinos, por intermedio de sus abogados, José Ignacio Pinochet Olave y Fernando Dougnac Rodríguez, presentaron el 30 de mayo una denuncia ante la Contraloría General de la República en conjunto con la Municipalidad de Peñalolén, actitud imitada por la ONG Defendamos la Ciudad el 9 de junio.
Mientras se esperaba un pronunciamiento por parte de la entidad, el 29 de junio la Corema entrega la resolución 440 al respecto de la SAP, donde especifica qué faenas de construcción se puede realizar, dejando claro que aquellas que no requieran permiso de edificación no han sido autorizadas por ellos.
Finalmente, el 21 de agosto la Contraloría se pronunció, catalogando ambas resoluciones no ajustadas a derecho, por lo que Metrogas debería paralizar las labores. Pero antes de que los vecinos recibieran la noticia, presentaron ante la Dirección de Obras Municipales un requerimiento que solicitaba paralizar las obras.
Frente a este hecho, la empresa Metrogas presentó un recurso de protección en contra del Contralor General de la República, solicitando una orden de no innovar. Ante esta acción los vecinos no dudaron en actuar y también presentaron un recurso de protección, pero oponiéndose a la orden de no innovar.
Para sorpresa de la empresa, el 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la orden de no innovar presentada por Metrogas, por lo que el dictamen de la Contraloría seguía vigente y mantenía a los vecinos unidos y felices. Dos días después, la Corema asume la declaración del organismo e invalida la autorización provisoria entregada a través de las resoluciones 368 y 440.
Desde el 25 de septiembre en adelante se presentaron un sinnúmero de recursos por parte de Metrogas y los vecinos, tanto recursos de no innovar por parte de los primeros como oposiciones a dichas acciones por parte de los segundos.
Finalmente, el 3 de Octubre la Corte de Apelaciones de Santiago dictó la orden de no innovar, exponiendo que “…se acoge la orden de no innovar solicitada a fojas 134 sólo en cuanto se decide que no podrá iniciarse ni continuarse procedimiento administrativo alguno destinado a invalidar la Resolución Exenta Nº 368-2007 de la Corema de la Región Metropolitana”. Esto quiere decir que no se pueden efectuar más acciones en contra de la mencionada resolución. Pero este fallo es leído de otra forma por las autoridades y la Corema da pie atrás a su retiro de la autorización provisoria y da paso al reinicio de las faenas.
Actualmente, la empresa Metrogas se encuentra trabajando en los terrenos ubicados en Las Palmas 385, a pesar que la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén aún no retira su orden paralizar los trabajos.
Más allá
Aunque el conflicto entre Metrogas, los vecinos de Peñalolén y el alcalde Claudio Orrego no tiene fecha de término, esta noticia en curso deja entrever otros problemas.
La forma en que los proyecto se presentan ante la Corema correspondiente permite que la ciudadanía no participe de forma óptima en el proceso de fiscalización, ya que existe la posibilidad de que la empresa presente un proyecto con un EIA incompleto, ante lo cual se le solicitarán las secciones faltantes, pero que en esa instancia del sistema ya no es posible que los involucrados civiles revisen dichos capítulos.
Para dejarlo más claro, desde que el proyecto se hace público y se publica en el Diario Oficial la tramitación de los permisos, los ciudadanos tienen 60 días para leer todos los papeles que el solicitante presente, considerando que no posee los conocimientos técnicos necesarios y que deberá leer cientos de páginas, por lo menos.
Luego, la Corema canaliza todas las dudas y objeciones de las personas de las entidades administrativas involucradas, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la CONAF u otros. Ante este informe es que la empresa hace rectificaciones y entrega los antecedentes que se le soliciten por no encontrarse presentes en la primera entrega.
Pero en esta etapa, los ciudadanos ya no participan, por lo que no pueden fiscalizar la entrega final, que de una forma u otra les afectará. El abogado José Ignacio Pinochet plantea que las empresas “en el fondo, presentan proyectos mal hechos desde un comienzo, ocultando información, ocultando aspectos importantes, ocultando secciones completas del proyecto porque así la ciudadanía no se pronuncia sobre ellos y no los llega a conocer. Y cuando los descubre ya no tiene oportunidad de pronunciarse dentro del sistema”.
Para este abogado, integrante de la organización privada sin fines de lucro Fiscalía del Medio Ambiente , el problema está en el sistema, porque este “se creo con 5 finalidades y ninguna de ellas era proteger al medio ambiente. Eran darle seguridad al inversionista extranjero, facilitar la firma de tratados internacionales, paz social, cumplir compromisos políticos adquiridos con la comunidad internacional, pero no era proteger el medio ambiente y así no vas a poder hacer nada bien. ¿Sirve? Sí, sirve, pero poco”.
Al parecer este caso sentará jurisprudencia frente a nuevas solicitudes de esta índole y será como la punta del iceberg frente a un problema no sólo con Metrogas, sino con la normativa medio ambiental vigente y la escasa preocupación de las autoridades en mejorarla.
Luego de una ardua búsqueda en medios, la primera aparición del proyecto “Sistema de Respaldo de Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”, más conocida como la planta de gas, fue el 28 de enero del año en curso, cuando los vecinos, políticos y organizaciones sociales de La Reina se unieron para rechazar la instalación del proyecto de Metrogas en los terrenos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear ubicados en las cercanías del Parque Padre Hurtado. Esta disputa entre La Reina y la empresa se extendió por poco tiempo, ya que el 8 de febrero la firma ya había desechado la construcción de la planta en esa comuna, por que las protestas de vecinos y autoridades tuvieron efecto.
Tras esta situación quedaba buscar un terreno para la planta en Santiago oriente, ya que el 70% de la demanda que Metrogas recibe proviene de las comunas de La Reina, Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea.
Luego de descartar el terreno de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la empresa decidió no discutir siquiera con la comuna de Las Condes, descartando así cuatro de los siete terrenos estudiados. Esto, considerando los estudios en dos terrenos de Lo Barnechea, tres en Las Condes, uno en La Reina y otro en Peñalolén.
Aunque la empresa descartaba tener una decisión tomada, el 13 de febrero ya se comentaba en la prensa la localización de la planta en la comuna de Peñalolén, done actualmente se ubican las faenas de construcción de la misma. Diez días después comenzaba el debate a través de los medios entre el alcalde Caludio Orrego (DC) y Metrogas S.A.
Las Palmas 385
El sistema de respaldo que Metrogas construye en la comuna de Peña
lolén se ubica en calle Las Palmas 385, a un costado del Club de Campo del Ejército de Chile, con una extensión de 1,75 hectáreas. En los terrenos colindantes se ubica el Proyecto Educativo Cantalao, el Sendero de Chile y el Proyecto Protege, y dentro del radio de emergencia ante explosión se pueden incluir el Campo Militar del Ejército, la Universidad Sek, El Parque Mahuida y algunos colegios. De todos los sitios mencionados, al Proyecto Cantalao busca recuperar unos polvorines del Ejército, transformándolos en un centro de educación ambiental; el Sendero de Chile, tramo La Reina-Peñalolén, busca ser un camino demarcado y protegido para recorrer la precordillera de la región, que unida a 35 tramos más permite conocer prácticamente toda la precordillera nacional; y el Proyecto Protege, que es una asociación de municipalidades de la zona oriente, busca valorar, conservar y recuperar la precordillera y cordillera andina central.
Además de los mencionados, también cabe contar a las agrupaciones vecinales organizadas en la Junta de Vecinos Club de Campo Norte, la Asociación de Propietarios Club de Campo Sur y el Condominio Peñalolén 2, todas de la Unidad Vecinal N°29 de la Comuna de Peñalolén. Estos equipos vecinales representan a más de 500 familias que se ubican cercanas a la planta y en el camino que recorrerán los camiones cargados de gas hacia el sistema de respaldo.
Así, reunidos en torno a la causa de impedir la planta de gas, crearon el sitio web No a la Planta de Gas en Peñalolén (www.noalaplantadegas.org) donde reunieron los antecedentes del proyecto, publican sus declaraciones públicas, mantienen un archivo de noticias respecto al tema y publican fotografías y videos captados por ellos mismos, donde denuncian las ilegalidades que ven al proyecto.
La Planta de Gas
El proyecto que lidera Metrogas y que incluye, entre otras empresas, a Agua Santa S.A. Constructora, contempla variadas instalaciones y actividades.
Primeramente, la empresa solicitó una Autorización Provisoria, en la que contemplaba instalar las faenas, mejorar los caminos internos, instalar la infraestructura básica (agua, electricidad y alcantarillado), nivelar los terrenos y realizar obras civiles, hacer pavimentación y fundaciones para equipos principales, instalar una subestación eléctrica, proceder al montaje mecánico de estanques de propano y compresores y algunas obras complementarias. Posterior a esto y aprobado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Metrogas podría terminar la instalación de estanques, realizar obras de terminación, comenzar a trasladar gas a la planta y hacer las primeras pruebas de la misma.
Para comprender mejor el proyecto, es necesario visualizar qué contem
pla específicamente una planta de respaldo. En el caso de la planta que intenta instalarse en Peñalolén, el proyecto incluye 8 estanques enterrados a 60 centímetros de 50 toneladas cada uno, aire comprimido en estanques acumuladores, 4 mega watts de energía eléctrica proporcionada por Chilectra S.A., cuatro grupos electrógenos de emergencia de 1.150 Kilo Voltamperes, 2 estanques subterráneos de petróleo diesel de 20 centímetros cúbicos cada uno, equipo contra incendio y una sala de control, desde donde se monitorearían los parámetros de operación de la planta. Con todos los implementos anteriores, la planta estaría en condicione
s de almacenar 51.400 metros cúbicos por hora de la mezcla entre gas propano y aire, que simula gas natural. Junto a todo lo que la planta conlleva, también se debe mencionar que dicho gas propano llegará a la planta a través de camiones de 16 metros de largo y 22 toneladas de capacidad, los que circularían por la calle Las Palmas hasta en 38 viajes diarios. Dicha avenida cuenta con una pendiente de 30 grados y tiene una extensión de 1.045 metros.
Consideraciones
La instalación de una planta de gas cercana a nuestras casas sería suficiente motivo para querer luchar contra ella, sobre todo si hasta 38 camiones pasarían por la única calle de acceso al hogar y, por tanto, condicionarían la calidad de vida y posibilidad de desplazamiento y escape de quienes vivan ahí. Pero además de estos argumentos lógicamente esgrimibles, existen algunos parámetros legales y asuntos medio ambientales y geológicos a considerar.
En primera instancia, según el Plano Regulador Metropolitano de Santiago en su artículo 8.3.1.1 caracteriza los terrenos de preservación ecológica, es decir, que sólo pueden ser utilizados con fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, “con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación”. En el caso de la comuna de Peñalolén, dicho límite se ubica pasada la cota 900, es decir, los 900 metro de altura sobre el nivel del mar.
Considerando lo anterior, la planta no tendría sentido en el lugar en que se intenta ubicar, ya que sólo un cambio del Plano Regulador permitiría que Metrogas construyese ahí.
En palabras del abogado José Ignacio Pinochet, representante de los vecinos agrupados en No a la planta de gas, “eso es ilegal de principio a fin y es horroroso pensar que una empresa pueda invertir millones de dólares en hacer algo sabiendo desde un comienzo que es ilegal”. Esto, porque “hay aquí un abuso del poder del gobierno en beneficio de una empresa privada y en prejuicio de miles de personas, ya que se está considerando un errado concepto del bien común, pues en nuestra constitución queda claro que la función del Estado es promover el bien común, que se entiende como el bien de todos y cada uno, ese es el concepto, por lo tanto tú no puedes sacrificar a unos pocos por muchos ni a muchos por unos pocos, es igual de ilógico, es igual de injusto”.
Para el alcalde Orrego, que Metrogas lograse construir sería un mal precedente, ya que sería nefasto “Si tú admites una planta de gas, y todos entendemos porqué se está admitiendo, por los problemas de gas con Argentina, los costes políticos; a mi parece sería realmente terrible que, bajo cualquier pretexto, el día de mañana se instale una industria de química y otra industria al lado”.
Otro detalle a considerar ante la inminente instalación de la planta de gas en Peñalolén es la existencia de permisos ambientales aprobados y un terreno para construir en Puente Alto desde el año 1996. Según versiones oficiales de la empresa, ya que no fue posible contactar a ningún integrante de ella, los costos de producción desde Puente Alto serían más altos, además de que implicarían un proceso de instalación más engorroso por el cambio de sistema en el bombeo del gas a la red residencial. Frente a esto, José Ignacio Pinochet piensa que “la CONAMA está jugando el juego del poder, si esto está orquestado desde la comisión de energía, desde Tokman, eso es así. Está orquestado desde La Moneda para que puedan seguir construyendo. La municipalidad no se atreve porque el Serviu le ordena dejar que sigan las obras, pero en realidad lo único claro hoy día es un dictamen de la contraloría que dice que por todos lados es ilegal y de facto siguen construyendo la planta.”
En palabras del edil de Peñalolén, la elección del terreno tiene un motivo político “porque los sectores altos de este país tienen un nivel de presión mucho mayor del que tienen comunas populares. Además, más de alguno pensó que al ser el único alcalde de Concertación en toda la zona precordillerana oriente, iban a poder instalarla aquí y yo me iba a quedar callado”. Ante la evidencia de los hechos, quien pensó así claramente se equivocó.
Finalmente, otra de las razones esgrimidas para evitar que la planta se construya en la zona es la existencia de la Falla San Ramón a tan sólo algunos cientos de metros de la planta. Esta falla geológica está constituida por el emplazamiento de roca sobre depósito no consolidado, que ha tenido actividad reciente, pero que no es posible asegurar aún si ha influido en movimientos telúricos recientes.
El geólogo, oceanógrafo y paleoceanógrago, Gabriel Vargas, plantea que el asunto pasa por el diseño antisísmico adecuado, ya que “podrías construir tu casa sobre la Falla, pero si la diseñas con medidas antisísmicas pertinentes para el tipo de movimiento que un movimiento de la falla podría generar, seguramente sufrirá algunos daños, pero no se caerá”.
El problema está en que las normativas antisísmicas en Chile contemplan como referencia el terremoto de 1985, donde el movimiento se calculó en el 25 % de g (fuerza de gravedad) mientras que un posible movimiento de la Falla San Ramón implicaría incluso un 70% de g, es decir, casi tres veces la intensidad del terremoto de 1985. Cabe destacar que esto no tiene que ver con la intensidad en la escala de Richter o Mercalli, sino que con la aceleración del suelo.
Con todos esos argumentos, las partes en disputa se dispusieron a enfrentarse en los tribunales y a través de los espacios que otorga la normativa medio ambiental vigente.
Acciones
El 17 de abril de 2007, la empresa Metrogas S.A., representada por Jorge Beytía Moure, presentó la Solicitud de Aprobación Provisoria (SAP) junto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Sistema de Respaldo de Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”.
En dicha solicitud se pedía autorización para las tareas preparativas de instalación de la planta, ya antes mencionadas, y se entregaba la póliza de seguro por daño ambiental, la que asciende a 10.032 UF, equivalentes a 195.021.378 pesos. En el caso del EIA, allí se “describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos”, según el glosario de la Guía de Criterios para Evaluar la Alteración Significativa de los Ecosistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en Proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental publicado el año 2006 por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.
Con todos estos antecedentes, el 28 de mayo de 2007 la Comisión Regional del Medio Ambiente se pronunció a través de la resolución 368 aprobando la autorización provisoria, con lo que Metrogas podría comenzar con la instalación de faenas, de infraestructura, la nivelación de terrenos y obras civiles, pavimentos y fundaciones para los equipos principales, subestación eléctrica, montaje mecánico de estanques de propano, el cierre perimetral y una canaleta de intercepción de aguas lluvias sin intervenir ninguna de las quebradas del sector.
En palabras más sencillas esto significaba comenzar con el 50 por ciento de las actividades de la planta, además de verse instada a completar el EIA por faltar profundización de las materias tratadas. De no aprobarse dicho informe tras 5 días hábiles de ser entregado, la empresa debería entregar el cronograma de desmantelamiento y retiro de las obras, teniendo que restaurar el terreno.
Frente a esto, los vecinos, por intermedio de sus abogados, José Ignacio Pinochet Olave y Fernando Dougnac Rodríguez, presentaron el 30 de mayo una denuncia ante la Contraloría General de la República en conjunto con la Municipalidad de Peñalolén, actitud imitada por la ONG Defendamos la Ciudad el 9 de junio.
Mientras se esperaba un pronunciamiento por parte de la entidad, el 29 de junio la Corema entrega la resolución 440 al respecto de la SAP, donde especifica qué faenas de construcción se puede realizar, dejando claro que aquellas que no requieran permiso de edificación no han sido autorizadas por ellos.
Finalmente, el 21 de agosto la Contraloría se pronunció, catalogando ambas resoluciones no ajustadas a derecho, por lo que Metrogas debería paralizar las labores. Pero antes de que los vecinos recibieran la noticia, presentaron ante la Dirección de Obras Municipales un requerimiento que solicitaba paralizar las obras.
Frente a este hecho, la empresa Metrogas presentó un recurso de protección en contra del Contralor General de la República, solicitando una orden de no innovar. Ante esta acción los vecinos no dudaron en actuar y también presentaron un recurso de protección, pero oponiéndose a la orden de no innovar.
Para sorpresa de la empresa, el 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la orden de no innovar presentada por Metrogas, por lo que el dictamen de la Contraloría seguía vigente y mantenía a los vecinos unidos y felices. Dos días después, la Corema asume la declaración del organismo e invalida la autorización provisoria entregada a través de las resoluciones 368 y 440.
Desde el 25 de septiembre en adelante se presentaron un sinnúmero de recursos por parte de Metrogas y los vecinos, tanto recursos de no innovar por parte de los primeros como oposiciones a dichas acciones por parte de los segundos.
Finalmente, el 3 de Octubre la Corte de Apelaciones de Santiago dictó la orden de no innovar, exponiendo que “…se acoge la orden de no innovar solicitada a fojas 134 sólo en cuanto se decide que no podrá iniciarse ni continuarse procedimiento administrativo alguno destinado a invalidar la Resolución Exenta Nº 368-2007 de la Corema de la Región Metropolitana”. Esto quiere decir que no se pueden efectuar más acciones en contra de la mencionada resolución. Pero este fallo es leído de otra forma por las autoridades y la Corema da pie atrás a su retiro de la autorización provisoria y da paso al reinicio de las faenas.
Actualmente, la empresa Metrogas se encuentra trabajando en los terrenos ubicados en Las Palmas 385, a pesar que la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén aún no retira su orden paralizar los trabajos.
Más allá
Aunque el conflicto entre Metrogas, los vecinos de Peñalolén y el alcalde Claudio Orrego no tiene fecha de término, esta noticia en curso deja entrever otros problemas.
La forma en que los proyecto se presentan ante la Corema correspondiente permite que la ciudadanía no participe de forma óptima en el proceso de fiscalización, ya que existe la posibilidad de que la empresa presente un proyecto con un EIA incompleto, ante lo cual se le solicitarán las secciones faltantes, pero que en esa instancia del sistema ya no es posible que los involucrados civiles revisen dichos capítulos.
Para dejarlo más claro, desde que el proyecto se hace público y se publica en el Diario Oficial la tramitación de los permisos, los ciudadanos tienen 60 días para leer todos los papeles que el solicitante presente, considerando que no posee los conocimientos técnicos necesarios y que deberá leer cientos de páginas, por lo menos.
Luego, la Corema canaliza todas las dudas y objeciones de las personas de las entidades administrativas involucradas, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la CONAF u otros. Ante este informe es que la empresa hace rectificaciones y entrega los antecedentes que se le soliciten por no encontrarse presentes en la primera entrega.
Pero en esta etapa, los ciudadanos ya no participan, por lo que no pueden fiscalizar la entrega final, que de una forma u otra les afectará. El abogado José Ignacio Pinochet plantea que las empresas “en el fondo, presentan proyectos mal hechos desde un comienzo, ocultando información, ocultando aspectos importantes, ocultando secciones completas del proyecto porque así la ciudadanía no se pronuncia sobre ellos y no los llega a conocer. Y cuando los descubre ya no tiene oportunidad de pronunciarse dentro del sistema”.
Para este abogado, integrante de la organización privada sin fines de lucro Fiscalía del Medio Ambiente , el problema está en el sistema, porque este “se creo con 5 finalidades y ninguna de ellas era proteger al medio ambiente. Eran darle seguridad al inversionista extranjero, facilitar la firma de tratados internacionales, paz social, cumplir compromisos políticos adquiridos con la comunidad internacional, pero no era proteger el medio ambiente y así no vas a poder hacer nada bien. ¿Sirve? Sí, sirve, pero poco”.
Al parecer este caso sentará jurisprudencia frente a nuevas solicitudes de esta índole y será como la punta del iceberg frente a un problema no sólo con Metrogas, sino con la normativa medio ambiental vigente y la escasa preocupación de las autoridades en mejorarla.
*Reportaje presentado en el marco de la cátedra Taller de Periodismo de Investigación, segundo semestre 2007.
**Todas las imágenes fueron extraídas de la página www.noalaplantadegas.org